Por Fernando Tenjo del Banco Central de Colombia
Muy brevemente, la información incompleta, desigualmente distribuida entre los
agentes y costosa de adquirir, conduce a un comportamiento distinto al que
tradicionalmente se conoce como el mecanismo de la oferta y la demanda. Los
individuos se ven limitados en su racionalidad económica, deben destinar
recursos a diferenciar, distinguir, clasificar a sus contrapartes en el intercambio
de bienes y servicios, se ven a su vez incentivados a asumir un
comportamiento estratégico fundamentado en el manejo ingenioso y ventajoso
de la información privilegiada. El interés propio, motor de la actividad
productiva y las decisiones económicas, es complementado por el oportunismo.
Resultado: la calidad de los bienes y servicios depende del precio y del marco
contractual que rodea las transacciones, la oferta y la demanda se hacen
indiferenciables, los mercados generan desequilibrios, hay inercia en los
precios y salarios, los consumidores y trabajadores son racionados en su
acceso a los productos, al crédito y a los empleos, los inversionistas no
encuentran mecanismos para protegerse de las contingencias que enfrentan
sus decisiones. Al nivel agregado, esto se traduce en ciclos económicos,
desempleo y producción deficitaria de bienes públicos
La economía de mercado se encuentra así seriamente limitada en su
desempeño por la trinidad conformada por las imperfecciones en la
información, en los mercados de capital y en la competencia. Las
implicaciones de esta trinidad sobre dicho desempeño se resume en los
llamados “fracasos de mercado” y justifican la intervención estatal para
“corregir” la asignación de recursos y los niveles y patrones de actividad
productiva que ellos generan. Stiglitz lo expresó en términos muy precisos
desde hace ya veinticinco años: una economía de mercado con estas
características viola los principios de la Economía del Bienestar al no dar
espacio para mejorar a algunas personas sin desmejorar a otras. Se requiere
entonces de la intervención selectiva del estado si se desea un incremento en
el bienestar de la población ante la imposibilidad de conseguir este resultado a
través del libre juego de la oferta y la demanda.
Stiglitz delimita muy claramente el alcance y los mecanismos de la intervención
del Estado en la economía. Así por ejemplo, y frente al problema del
desempleo, el autor sostiene que la mejor forma de enfrentar este problema en
el corto plazo no es acudir a una política monetaria expansiva (poco efectiva
cuando los mecanismos de transmisión no funcionan) ni a una reducción de
salarios (que no necesariamente eleva la demanda por trabajo y que, en el
pero de los casos, puede disminuirla), sino a un incremento en el gasto
público.
Esta medicina tiene, sin embargo, sus contraindicaciones: en particular, existen
inconvenientes para sostener el déficit fiscal en el largo plazo, derivados del
financiamiento del mismo, a saber, alzas en las tasas de interés (crédito
interno), creciente inflación (emisión monetaria) y una situación cambiaria
insostenible (crédito externo).
Aún así, y tal vez esto reivindica a Stiglitz con ortodoxos y heterodoxos, es
posible pensar que existe un nivel “óptimo” de déficit fiscal, el cual depende de
las circunstancias particulares de la economía, incluyendo el momento del ciclo
por el que ella atraviesa (política anticíclica), las perspectivas futuras de
crecimiento (sostenibilidad de la deuda pública), el destino del gasto público
(rentabilidad económica y social de la inversión), profundidad de los mercados
financieros (posibilidad de “desplazamiento” del sector privado fuera de las
fuentes de financiamiento), las tasas de ahorro y de inversión de la economía
(naturaleza estructural o coyuntural del desequilibrio), etc. Elaborando a partir
de estas ideas cabe pensar que el nivel óptimo de déficit fiscal puede ser
negativo en ocasiones (superávit) o menor al deseable o requerido para
disminuir el desempleo en el corto plazo, lo que haría inaplicable la propuesta
de Stiglitz más allá de una coyuntura determinada.
Tal vez es el momento indicado para poner también en contexto la posición de
Stiglitz frente al recetario del Fondo Monetario Internacional para los países
emergentes en crisis. Stiglitz destaca que las economías de la región en buena
medida han inspirado esta ortodoxia que hoy guía buena parte de la política
económica. En efecto, en su crítica a los principios del llamado Consenso de
Washington, sostiene que éstos de hecho “catalizan” la experiencia de los
países latinoamericanos en los años ochenta, caracterizada por políticas
equivocadas, altos déficit fiscales, inversiones improductivas, elevados
subsidios y un sector estatal ineficiente, con muy poco énfasis en las
exportaciones y restricciones a las importaciones. Más aún, el autor sugiere
que el recetario de políticas propuesto o impuesto por el Fondo Monetario
Internacional es resultado de la experiencia latinoamericana de la década
inmediatamente anterior, con altos déficit fiscales y políticas monetarias laxas
que condujeron a altas tasas de inflación.
El problema con este recetario de austeridad, subraya Stiglitz, no es tanto que
sea inadecuado en sí mismo, sino que en ocasiones, como en el caso de los
países asiáticos en la segunda mitad de los noventa, fue aplicado en contextos
completamente diferentes (superávits fiscales y altas tasas de ahorro
doméstico) a los que predominaron en los países latinoamericanos en los
ochenta (y, cabría añadir, también de la segunda mitad de los noventa).
De otro lado, el autor es también incisivo en su crítica a la tendencia de quienes
defienden y llevan a la práctica los recetarios de ajuste de los organismos
financieros internacionales de convertir los ingredientes de programas de
medios (las políticas) en fines. Esto se aplica a políticas bien conocidas como
la reducción de la inflación, la privatización, la liberalización financiera y la
apertura comercial. Frente a esta última, la idea es bien clara: un país no puede
gozar de sus beneficios si no cuenta con una economía competitiva.
Pero debe tenerse en cuenta que la posición de Stiglitz respecto a los criterios
y dirección de la intervención estatal en la economía es mucho más rica que
sus críticas a la filosofía de los organismos multilaterales y, de paso, de mucha
mayor utilidad para los debates criollos sobre modelos de desarrollo, reformas
estructurales y política económica en general.
Esta posición parte de unos principios simples derivados de la evaluación de
los modelos económicos de competencia y de su contraste con el
comportamiento concreto de las economías de mercado. A la madurez de
estos elementos ha contribuido significativamente el trabajo del premio Nobel
en las economías emergentes, en desarrollo y en transición hacia el
capitalismo, que le ha permitido consolidar como punto de partida dos nociones
centrales: por un lado, que tanto la intervención del Estado en la economía
como su papel en el desarrollo de los países, tienen que girar alrededor de los
mercados, sus características y sus problemas; por otro lado, que existen
profundas diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo
respecto a la naturaleza de los mercadas de cada uno de ellos.
Este enfoque comparativo ha acercado paulatinamente a Stiglitz al terreno de
la economía institucional: las diferencias entre países tienen que ver
esencialmente con su organización económica, con la forma como los
individuos interactúan en la producción y con las instituciones que median esas
relaciones. Los mercados hacen parte importante de estas instituciones. Los
países en desarrollo no sólo enfrentan imperfecciones en los mercados y
carecen de algunos mercados esenciales (por ejemplo para diversificar
riesgos), sino que, además, el marco institucional que tienen para enfrentar
estos problemas es poco efectivo.
De este marco institucional poco efectivo hacen parte las organizaciones
gubernamentales que, por decir lo menos, tampoco cuentan siempre con la
información necesaria y adecuada para intervenir en la economía y “mejorar”
los resultados que producen los mercados imperfectos. Es fácil entender
entonces que el dilema entre Estado y mercado sea para el autor un falso
dilema y que nos recuerde a menudo la dificultad, casi imposibilidad, que
existen para concebir una economía y un mundo sin imperfecciones.
De aquí se derivan entonces los principios de intervención estatal que propone
el nuevo Nobel de economía. De lo que se trata es de: impulsar el desarrollo de
los mercados (en especial los financieros y de capitales), promover la
competencia, intervenir preferiblemente mediante mecanismos de mercado y,
finalmente, concentrar la acción estatal en unos pocos y fundamentales frentes
de la sociedad para no perder eficiencia en la acción. Estos frentes son, por
excelencia, aquellos en que los resultados que producen los mercados no son
los socialmente deseables. Particular mención se hace en este sentido a la
producción y distribución de los bienes públicos.
posted by DCA @ 7:02 PM
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